La presente Resolución tiene por objeto establecer el marco general a que habrá de ajustarse la prestación de los servicios por parte del personal de la Administración autonómica canaria (Administración General) a partir del 25 de mayo próximo, regulando las distintas modalidades en que a partir de dicha fecha podrá desarrollarse la prestación de dichos servicios, y garantizando la actuación coordinada y homogénea de los distintos Departamentos y Organismos Autónomos.
Esta regulación persigue, por lo demás, que en la regulación de esta materia sean tomados en consideración, tanto la necesaria garantía del servicio público y de los intereses generales a cuya satisfacción se encamina la actividad administrativa, como los derechos de los empleados y empleadas públicas y el necesario respeto y atención a las medidas encaminadas a favorecer la conciliación familiar.
2. El cumplimiento de las medidas previstas en la presente Resolución se ajustará a los siguientes principios generales:
a) Continuidad de la prestación del servicio público.
b) Garantía de la seguridad y salud, tanto del personal al servicio de la Administración autonómica, como de los usuarios de los servicios.
c) Protección del personal especialmente sensible.
d) Conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
e) Priorización de las modalidades de trabajo no presenciales, incluido el teletrabajo.
f) Flexibilidad horaria y planificación del trabajo mediante distintas fórmulas, como el establecimiento de franjas horarias, para evitar la aglomeración de personas.
