Hoy se celebró una nueva sesión de la Comisión Técnica de Estabilización.

Esta Comisión se estableció a solicitud de la Dirección General de la Función Pública derivada de la Mesa General y está formada por dos representantes de cada sindicato presente en la Mesa General y dos representantes de Administración. Estas reuniones están siendo convocadas por la Dirección General de la Función Pública para establecer criterios para elaborar una Oferta Pública de Empleo de Estabilización en la que se incluyan las plazas ocupadas por personal no fijo, ocupadas ininterrumpidamente entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2014, según establecen los acuerdos firmados en el Estado por CSIF, CCOO y UGT y trasladados a las leyes de presupuesto del Estado en los años 2018 y 2019.

La Dirección de la Función Pública informa de dos cosas:

  1. Que tanto por parte del Estado como por parte de las diferentes Comunidades Autónomas, (a raíz de la Comisión Interterritorial de Administraciones Públicas – reunión en la que están presentes todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Administraciones Públicas) el modo de estabilizar al personal no fijo de la comunidad Autónoma es a través de una OPE de libre concurrencia mediante concurso oposición, en la que lo que se oferte sean las plazas que cumplan los requisitos. Que a lo único que está dispuesto el Estado es a propiciar un aplazamiento de las OPEs de Estabilización, más allá de lo establecido en la Ley, debido a las circunstancias derivadas del Coronavirus (plazos administrativos, limitaciones para realizar pruebas presenciales, etc). Y la Comunidad Autónoma Canaria comparte ese criterio.
  2. En relación a los listados de plazas susceptibles de incorporarse a la OPE de Estabilización, aportados en la sesión anterior, las únicas novedades que aportó la DGF se refieren a algunas plazas que se eliminan por estar ocupadas por sustitutos, cuyos titulares tienen derecho a reserva y se han incorporado algunas plazas de los centros delegados de las que se tenía información.

Cada sindicato relacionó su análisis de los listados y realizó las propuestas pertinentes a la luz de los datos aportados por Función Pública.

Desde INTERSINDICAL CANARIA volvimos a exponer nuestras consideraciones (aún quedándonos solos frente al resto de organizaciones sindicales y, por supuesto, frente a la Administración):

  1. Los criterios que parece que se están trabajando en esta Mesa Técnica y que parten de la premisa de que es necesaria una Oferta Pública de Empleo, de libre concurrencia para la estabilización de las plazas no fijas, para Intersindical Canaria no tienen sentido en tanto nuestra organización sindical está en contra de una OPE de ESTABILIZACIÓN que lleve a muchos trabajadores que prestan sus servicios y llevan trabajando muchísimos años en la Administración General de la Comunidad Autónoma, a una oferta pública de empleo que supone un riesgo real para sus puestos de trabajo.
  2. Para Intersindical Canaria estos criterios no se están negociando, ámbito que corresponde a las mesas de negociación correspondientes, sino que estamos analizando los datos del volumen de precariedad y sus características en el empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Habrá tiempo de negociar.
  3. Para Intersindical Canaria es fundamental que cualquier proceso de estabilización que se plantee reducir la precariedad laboral en el seno de la Administración General de la Comunidad Autónoma debe considerar algunos aspectos concretos y debe cumplir ciertos requisitos que son irrenunciables para nuestra organización:
    1. Los que están dentro se quedan dentro
    2. La precariedad en el empleo público lo sufren las personas, empleados y empleadas públicas, no las plazas (que son solo un instrumento administrativo) y, por tanto, cualquier solución que procure reducir la precariedad en el empleo en nuestra Administración General de la Comunidad Autónoma, pasa por desvincular las plazas de las personas y estabilizar las personas que están en precario.
    3. Esa precariedad es fruto de la inactividad y de la desidia de la Administración y, en ningún caso, es achacable a los empleados y empleadas públicas. Por tanto cualquier solución a la precariedad pasa por resarcir a los empleados públicos del abuso al que han estado sometidos largo tiempo con un proceso que los lleve a la fijeza sin ningún tipo de traumas ni riesgo para el mantenimiento de sus puestos de trabajo y por una sanción adicional de la Administración.
    4. Los interinos, temporales e indefinidos no fijos por sentencia, la inmensa mayoría en fraude de Ley, junto con el personal fijo y los funcionarios de carrera soportan y desarrollan todas las competencias atribuidas, por la Constitución y le Estatuto de Autonomía, de la Administración General de la Comunidad Autónoma y por lo tanto sus puestos de trabajo son estructurales, con o sin plaza.
    5. Los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a Administración Pública están superados en tanto todo el personal que ha superado los 3 años en su puesto de trabajo está dentro, y ha entrado por selección de personal, oposición o por sentencia y, por supuesto ha superado el periodo de prueba, evidenciando su capacidad de una manera sobrada (tal y como se ha evidenciado en esta Pandemia) en el desempeño de las funciones de su puesto de trabajo. En estas circunstancias, tras unos servicios prestado en la Administración General de la Comunidad Autónoma con una antigüedad de 10, 15, 20 o 30 años, la Administración no puede exigirnos que demostremos nuestra capacidad y méritos en el desempeño de las funciones que nos han encomendado.

Posiblemente, a la vista de tanto abuso, sería más razonable que los políticos que han entrado y que pretenden una OPE de Estabilización, demuestren sus méritos y sus capacidades para poder decidir sobre los puestos de trabajo de miles de empleadas y empleados públicos. Ellos desgraciadamente no tienen periodo de prueba y afortunadamente no se quedarán en precario pasado un tiempo.

Se convoca la siguiente reunión de la Comisión Técnica de estabilización para el 1 de julio. Seguiremos yendo a las mesas con la única intención de defender los derechos de todos y todas las empleadas públicas.

Te seguiremos informando