La Mesa General de Empleados Públicos de Canarias y la Comisión de la Función Pública, celebrada hoy para discutir el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2021, se salda con la desaprobación de la Mayoría Sindical.

Para Intersindical Canaria, el anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, debe ser ampliamente mejorado para garantizar el mantenimiento de los derechos sociales y laborales de los empleados públicos y del conjunto de la ciudadanía en una grave situación de emergencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19.

El texto, enmendado por el conjunto de organizaciones presentes en la Mesa General de Empleados Públicos y en la Comisión de la Función Pública, presenta para Intersindical Canaria un carácter restrictivo y continuista, y no da respuesta a las necesidades que requiere la Administración para prestar adecuadamente los servicios públicos a la ciudadanía.

Por ello, en la reunión celebrada en el día de hoy, Intersindical Canaria presentó una amplia batería de propuestas (consultar aquí) para intentar mejorar el Anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, haciendo defensa del necesario fortalecimiento de los Servicios Públicos, de la consolidación y continuidad en el empleo público, la fijeza del personal Interino e indefinido, la adecuada dotación de efectivos y la recuperación de derechos sociales y laborales que han sido hurtados a lo largo de los años anteriores en base a políticas de recortes.

Desafortunadamente no todas las organizaciones están en la misma sintonía. De hecho a una pregunta de CCOO sobre la ausencia de referencias en el texto del Anteproyecto de Ley en relación a las OPEs de estabilización y consolidación, la DG de la Función Pública respondió que aunque no se recogiera en el texto del anteproyecto de Ley, mantenía el firme compromiso con dicha organización de publicar antes de que acabara este año las OPEs tanto de consolidación como de estabilización.

Otros aspectos como la recuperación de la negociación colectiva, la antigüedad, la carrera profesional, las listas de empleo, incentivos, acción social y otros complementos retributivos…también han sido analizados desde el contexto de la situación de gravísima Emergencia Sanitaria, Social y Económica en la que nos encontramos inmersos y desde esa óptica entendemos que, precisamente, es ahora cuando se precisa una mayor dotación de recursos, por los que consideramos este primer borrador del Anteproyecto de Ley de Presupuesto como, cuando menos, poco favorable a un proceso de equilibrio que reconozca el esfuerzo añadido a realizar por los trabajadores y que palíe la grave situación en la que nos encontramos inmersos la sociedad canaria.

Con estos presupuestos, queda claro que tras el esfuerzo hecho en la pandemia por todos los empleados públicos, la precariedad salarial secular que han sufrido los empleados públicos y los altos niveles de temporalidad del personal al servicio público que ronda el 40 %, no hay voluntad política ninguna para mejorar el texto de la ley. Todo lo contrario. Sigue siendo restrictiva en muchos de los derechos de los empleados Públicos y se rehuye el debate con las organizaciones sindicales.

Desde Intersindical Canaria somos conscientes que estamos en una situación de emergencia social, por eso le hemos exigido al gobierno que sea valiente con la ley de presupuesto, audaz para que podamos recuperar cuanto antes la actividad económica, logre una administración pública bien dotada que dé respuesta inmediata a las necesidades sociales de todos los ciudadanos de Canarias y recupere los derechos de los empleados y empleadas públicas, como garantes de los servicios públicos.

Ejemplos hay muchos. Pero sobresale la interpelación hecha por Intersindical Canaria en relación a la Póliza de Seguros Obligatorio para todas las personas que prestan servicios en la Administración Pública de Canarias sea diferente si se trata de los 130 altos cargos del Gobierno o si se trata de cualquier otro funcionario público. La Ley establece que por fallecimiento o por invalidez, los empleados públicos o sus herederos cobrarían entre 6.000 y 12.000 euros, mientras que por el fallecimiento o invalidez de un alto cargo recibirían, ellos o sus herederos, la cantidad de 175.000 euros. Y lo que eso conlleva para el gasto publico en la contratación de la Póliza.

En la votación de la Ley en su conjunto, realizada en la Comisión de la Función Pública (reunión que tuvo lugar a continuación de la Mesa General de Empleados Públicos), el sindicato CSIF, se abstuvo y el resto de organizaciones sindicales votamos en contra del texto presentado por el Gobierno.

Desde Intersindical Canaria tomaremos todas las iniciativas que sean necesarias para que la Ley garantice que los servicios públicos cubran las necesidades de todos los canarios.