El pasado viernes 26 de julio, Antonio Llorens, Viceconsejero de Administraciones y Transparencia, convocó a las Organizaciones Sindicales para tratar temas urgentes en materia de empleo público.

No se adjunta en la convocatoria ningún orden del día, por lo que una vez allí, se nos informó del objeto principal de la reunión, que era darnos a conocer la inminente publicación, por la vía de urgencia, de un Decreto Ley para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad del empleo público, entre otras cuestiones.

La información que a continuación se aporta no recoge el total del contenido de dicho Decreto, ya que sólo se hizo una exposición breve del mismo, señalando las cuestiones más relevantes y controvertidas.

Por otro lado, al tratarse de un Decreto Ley urgente, las OOSS no hemos podido negociar o modificar su contenido, aunque sí hacer aportaciones de mejora, que podrán ser incorporadas o no, a juicio de quien emite la norma.

La norma contendrá un primer Título donde se recogerán:

• Medidas para fomentar la promoción interna.
• Se establecerá un plazo legal de tres meses para los nombramientos.
• Implementar nuevas medidas de eficiencia en los procesos selectivos.
• Establecer excepciones para los reconocimientos médicos, adaptándolos al puesto a cubrir, evitando realizarlos en cada sustitución a corto plazo etc.

El segundo Título recogerá medidas relacionadas con el empleo temporal, enfocándose en dos objetivos:

  • Regular las listas de empleo: Se creará una norma que obligue y sancione en determinados casos durante los llamamientos, incluyendo una suspensión forzosa en la lista de empleo durante seis meses y, en segunda instancia, una suspensión definitiva. También se prevé establecer listas dinámicas en cuanto a la posibilidad de ir aportando nuevos méritos durante la vigencia de dichas listas.
  •  Cubrir vacantes con funcionarios de carrera. Esto se hará mediante:
    • a) Comisiones de servicios
    • b) Promoción interna temporal y si no fuera posible cubrir la vacante de esta manera, se recurrirá a personal interino.

Respecto al objetivo de estabilización, se regulará que una persona que pueda estabilizar en más de una plaza de diferente categoría, cuerpo, o escala, sólo pueda hacerlo en una, para no dejar vacantes y restar oportunidades a otros empleados en situación de fraude. El lema será «Una persona, una plaza».

Otra cuestión que recoge el Decreto es la posibilidad de optar a otra plaza de la misma categoría, cuerpo o escala que haya quedado vacante y cuyos complementos sean más beneficiosos antes de que esa plaza la ocupe un aspirante que venga de fuera. Esta opción será beneficiosa principalmente para los funcionarios, aunque también aplica a personal laboral.

Finalmente, en relación a la estabilización, se establecerá la obligatoriedad de permanecer en el puesto durante al menos dos años, una vez adquirida la condición de personal laboral fijo o funcionario de carrera.

Otro título abordará las OPEs y convocatorias, incluyendo cuestiones como:

• Un régimen especial de teletrabajo en casos de violencia de género.
• Reconocimiento de servicios previos en la misma categoría, cuerpo o escala en otras administraciones o la misma para el personal laboral.
• Establecer también un período mínimo de permanencia en el puesto antes de poder solicitar una excedencia.
• Regular para que si apruebas en una convocatoria y no consigues plaza, tengas la oportunidad de optar a una cuando se produzca una vacante.

El Decreto Ley se publicará en breve por vía de urgencia, y la idea es trabajar en el plazo de seis meses para una posterior modificación de la Ley de la Función Pública Canaria y que pasará a llamarse Ley de Empleo Público.

Intersindical Canaria hizo varias aportaciones, pero la más relevante fue sobre cómo resolver la situación de los compañeros y compañeras que actualmente se encuentran en situación de incapacidad permanente revisable y tienen opción a estabilizar. Se comprometieron a estudiarlo.

Desde esta organización sindical, nos mostramos expectantes ante la próxima publicación del texto y su evaluación. Confiamos en que esta norma atienda las múltiples demandas de mejora en las condiciones de trabajo de los empleados y empleadas públicos.