Convocado por la Directora General de Función Pública, hoy se reunió el Comité Sectorial de Seguridad y Salud de la Administración General y Justicia con un único punto en el orden del día: presentar el borrador de procedimiento de PRL que será el marco general a aplicar en todos los Departamentos, para la paulatina vuelta a la normalidad y que se negociará finalmente en la Mesa General de Empleados Públicos.
Estando de acuerdo en la mayoría de medidas organizativas y técnicas que propone el documento, echamos en falta medidas más ambiciosas que consideramos necesarias para disminuir al máximo el riesgo de transmisión del COVID-19 en los centros de trabajo.
Propuestas realizadas por Intersindical Canaria:
Solicitamos el uso generalizado de mascarillas en todos lo espacios de trabajo compartidos, pues entendemos que el uso de protecciones respiratorias, en este contexto, es una medida de protección colectiva, que impide, en gran medida, que se transmita el virus en los centros de trabajo y es complementaria al resto de medidas técnicas y de carácter organizativo.
Siendo obligatorio el uso de mascarillas para todos los ciudadanos en los transportes públicos y recomendable en espacios públicos cerrados, una vez se abran las oficinas de atención al público sería muy recomendable que los ciudadanos accedan con mascarilla a los edificios de la administración de la CAC.
Hemos solicitado que desde vigilancia de la salud se planifique la realización de test diagnósticos que permitirían detectar a los trabajadores positivos y a los que hayan pasado la enfermedad, pudiendo además servir estas pruebas para la realización de estudios epidemiológicos.
Vemos que en el Real Decreto 664/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, el COVID-19 estaría catalogado como grupo 4, el máximo posible:
Agente biológico del grupo 4: aquél que causando una enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz.
Las pruebas diagnósticas en el entorno laboral ayudarían en la lucha contra la transmisión y se encuentran contempladas en este Real Decreto 664/1997, artículo 8 Vigilancia de la Salud.
Entendiendo que cualquier persona puede ser asintomática, portadora del virus y transmitirlo, es por lo que solicitamos ir más lejos en la valoración de riesgos con estas dos medidas: el uso generalizado de protección respiratoria como medida de protección colectiva y la intervención de vigilancia de la salud para la realización de pruebas diagnósticas.
Hemos propuesto se tenga siempre disponible gel hidro-alcohólico para evitar desplazamientos innecesarios a los aseos.
En el apartado de competencias de los distintos departamentos solicitamos se refleje en el documento la necesidad de que participen activamente los Comités de Seguridad y Salud Departamentales para la ejecución y seguimiento de todas las medidas preventivas que se vayan aprobando y dar voz a los trabajadores por medio de los Delegados de Prevención.
Intersindical Canaria tiene serias dudas sobre la legalidad de implantar medidas genéricas de control de temperatura en los centros de trabajo, la Directora General de Función Pública nos trasladó que comparte nuestras dudas de que pueda suponer un incumplimiento de la ley de protección de datos.
Trasladamos a la Directora General la importancia de que el teletrabajo siga siendo una prioridad real en esta nueva fase y que será necesario plantearse su regulación desde el ámbito de prevención.
Adjuntamos el borrador sobre el que hemos trabajado en el Comité Sectorial de SS y que se negociará finalmente en la Mesa General de Empleados Públicos. Puedes hacernos llegar las aportaciones que consideres necesarias.
