La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) establece que la prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales.
Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

En el mismo sentido se manifiesta el Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, al disponer, en su artículo 1, que esta adaptación se realizará mediante la implantación de un plan general de prevención, que posibilite la integración en el conjunto de actividades y decisiones, y en los distintos niveles jerárquicos, potenciando sus recursos propios humanos y materiales, y adecuando su contenido a las peculiaridades organizativas y de participación de los empleados públicos a su servicio. Al mismo tiempo, constituirá el marco dentro del cual se desarrollarán los planes sectoriales de prevención en los ámbitos de educación y sanidad dentro de la Administración Autonómica.

Es la Dirección General de la Función Pública (DGFP) la responsable, de acuerdo con la norma vigente, de elaborar e implantar un Plan General de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la Administración Autonómica. Con un retraso de más de una década, dicho Plan sigue pendiente, lo cual supone una situación de ilegalidad manifiesta que atenta directamente contra el deber de velar por la seguridad y salud en el trabajo, como viene recogido en la propia Constitución Española, y afecta al bienestar de las empleadas y empleados públicos de esta Comunidad. Por ello, esta organización sindical lo ha denunciado ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas, resolviendo con una propuesta de Requerimiento a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias para su elaboración.

A pesar de ello y en respuesta a la solicitud, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración General y Justicia informa que, se han elaborado ya dos borradores del Plan en los años 2009 y 2014. No obstante y hasta la fecha, el Gobierno de Canarias no ha aprobado el referido Plan General de Prevención.
Intersindical Canaria seguirá exigiendo a la DGFP la Implantación y aplicación de un Plan General de Prevención de Riesgos.