De acuerdo con el artículo 2.3 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, y habiendo sido consultadas las comunidades
autónomas en la sesión del Pleno del CISNS, celebrada el pasado 23 de junio de 2023, a propuesta del Ministro de Sanidad, el Consejo de Ministros, en su reunión de 4 de julio de 2023, acuerda:

• Primero. Finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID- 19. Declarar la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
• Segundo. Cese en la aplicación de medidas extraordinarias. Declarar el cese en la aplicación de las medidas contenidas en los capítulos II, III, IV, V (excepto las de su artículo 27), VI y VII y en la disposición adicional quinta de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, y, en particular, de las relativas al uso obligatorio de las mascarillas.
• Tercero. Recomendaciones a la ciudadanía y a las autoridades sanitarias. Instar a la ciudadanía y a las autoridades sanitarias al seguimiento de las recomendaciones recogidas en el anexo de este acuerdo.
• Cuarto. Eficacia. El presente acuerdo surtirá efectos una vez publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

El Consejo de Ministros, una vez valorado el informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y de acuerdo con lo recomendado por la OMS, considera pertinente la transición hacia un nuevo manejo de la enfermedad de una manera sostenible a largo plazo. Dicho proceso de transición, junto con todas las lecciones aprendidas a lo largo de la pandemia, así como con los progresos llevados a cabo durante la misma, deben ser interpretados como una oportunidad para fortalecer los cimientos de la salud pública de nuestro país.

En este contexto, para garantizar la preparación y resiliencia de nuestra sociedad frente a amenazas potenciales emergentes con capacidad de generar nuevas crisis sanitarias graves, así como para seguir avanzando en el cumplimiento de las conclusiones del Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica tras la COVID-19, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 29 de julio de 2020, se formulan las siguientes recomendaciones dirigidas a todas las administraciones, tanto estatal como autonómicas y a la ciudadanía:

Primera. Proteger a la población vulnerable.
Si algo ha puesto de manifiesto la pandemia es su gran impacto en términos de morbilidad y mortalidad en la población más vulnerable. Es por ello que, tras el fin de la situación de crisis sanitaria por la COVID-19, las medidas de prevención y control, adaptadas a la situación actual, deben continuar dirigiéndose, fundamentalmente, a dicha población.
En este sentido, una de las lecciones aprendidas con la pandemia, es que la ciudadanía es responsable y juega un papel fundamental en la reducción de la transmisión de las infecciones respiratorias. Es importante mantener esta cultura de responsabilidad que hemos adquirido en los últimos años, y seguir utilizando mascarillas y otras medidas higiénicas ante la presencia de síntomas de infección respiratoria.
Igualmente, los centros sanitarios son ámbitos de especial vulnerabilidad en los que la pandemia ha mostrado la necesidad de reforzar el uso de mascarilla en determinados contextos y situaciones, en particular:

– Por las personas sintomáticas cuando estén en espacios compartidos.
– Por los y las profesionales que atienden a casos sintomáticos.
– Por las personas que trabajan en unidades de Cuidados Intensivos y en Unidades con pacientes vulnerables siguiendo las recomendaciones de control de infección aconsejadas por los Servicios de Medicina Preventiva y Prevención de Riesgos Laborales según la valoración del riesgo de cada centro sanitario.
– En las urgencias hospitalarias o de atención primaria, incluida la sala de espera.

Por último, en los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad, entornos en los que viven las personas más vulnerables, aunque no se recomiende el uso universal de las mascarillas, se considera necesario tomar precauciones adicionales en caso de aparición de síntomas en trabajadores, residentes o visitantes, para evitar brotes, cuidando en todo caso el bienestar de los mayores tanto a nivel físico como emocional.

Segunda. Fortalecer la vigilancia integrada de infecciones respiratorias agudas de una manera sostenible.
La vigilancia en salud pública es uno de los pilares fundamentales para conseguir información de calidad que permita analizar la situación epidemiológica y los factores que la determinan en cada
momento, siendo la herramienta que facilita la toma de decisiones y de acciones en salud pública.
Nuestro país debe estar preparado ante las eventuales emergencias sanitarias que puedan aparecer en el futuro y, a partir de la información de la vigilancia, dar una respuesta precoz, oportuna y proporcionada. Se debe mantener un sistema de vigilancia centinela que integre el seguimiento de la infección respiratoria aguda tanto en atención primaria como en atención hospitalaria y que incluya al menos la vigilancia de gripe, COVID-19 y el Virus Respiratorio Sincitial.
También es importante seguir avanzando en las actividades de secuenciación genómica, que debe continuar integrándose de manera eficiente y oportuna en el sistema de vigilancia para detectar de manera precoz la aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2, o de cualquier otro virus respiratorio de interés, que pudieran estar asociadas con formas más graves de enfermedad.
Además, tal como ha indicado la OMS, como parte del desarrollo de la vigilancia integrada de infecciones respiratorias agudas, se utilizarán fuentes de información complementarias para la vigilancia, como la monitorización de aguas residuales, o el análisis de la evolución de las incapacidades laborales temporales.

Tercera. Promocionar la vacunación frente a la COVID-19 y otros microorganismos causantes de infección respiratoria.
España ha sido un modelo internacional durante la campaña de vacunación frente a la COVID-19 durante la pandemia. La vacunación frente a la COVID-19 continúa siendo una piedra angular en
esta nueva etapa, por lo que se debe seguir trabajando para establecer las recomendaciones oportunas referentes a la vacunación de la COVID-19 y su integración en los programas nacionales de vacunación, al igual que las vacunas frente a otros microorganismos causantes de infecciones respiratorias como la gripe o el neumococo.

Cuarta. Fortalecer el marco estratégico de preparación y respuesta frente a emergencias sanitarias.
Las amenazas para la salud pública de nuestro entorno son muchas y muy diversas: agentes biológicos, agentes químicos, físicos, amenazas de origen ambiental, incluyendo aquellas relacionadas con el cambio climático, de origen nuclear y radiológico, etc.
Es por ello necesario impulsar el desarrollo del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, enmarcado en la Estrategia de Salud Pública 2022,
aprobada por el Pleno del CISNS, el 22 de junio de 2022. Esta Estrategia surgió como un compromiso de país para fortalecer la salud pública y contribuir a la salud de las personas.
Dicha Estrategia establece como líneas de acción el refuerzo y mantenimiento de las capacidades básicas requeridas por el Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005) y el Reglamento (UE)
2022/2371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de noviembre de 2022, sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud y por el que se deroga la Decisión n.º 1082/2013/UE, así como cualquier otro acuerdo internacional al que se adhiera España. También incluye como línea estratégica la elaboración y difusión de un Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante emergencias sanitarias, con un alcance multisectorial, multinivel e interdisciplinar. Dicho Plan debe establecer los mecanismos para la declaración de eventos o alertas que supongan una emergencia a nivel nacional, su gobernanza y las capacidades y recursos necesarios para garantizar la preparación y respuesta oportuna frente a las mismas.
Asimismo, procede seguir aprovechando las capacidades que la salud digital ofrece para la protección de la salud y su vigilancia, en especial mediante la interoperabilidad de los sistemas a
nivel nacional y transfronteriza, o el desarrollo de nuevos servicios digitales.

Quinta. Fortalecer los recursos humanos, las capacidades de preparación y respuesta frente a emergencias sanitarias, así como la resiliencia de los sistemas sanitarios.
La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de fortalecer las capacidades de los servicios de salud pública a todos los niveles y de mejorar la coordinación de éstos con los servicios asistenciales.
Se ha evidenciado que para garantizar una detección precoz y un adecuado manejo de futuras amenazas que puedan suponer un riesgo de salud pública, es prioritario reforzar las capacidades
en vigilancia, preparación y respuesta con dotación de personal suficiente y preparado y asegurando la atención continuada mediante sistemas operativos veinticuatro horas al día, los 365
días del año, en los niveles central y autonómico.
En esta misma línea, la OMS insta a los países a contar con la capacidad suficiente y la flexibilidad y elasticidad necesarias para responder a emergencias sanitarias y fortalecer los sistemas sanitarios para que sean resilientes en caso de emergencia manteniendo sus funciones esenciales.

Sexta. Mantener la reserva estratégica sanitaria.
Dentro del ámbito de la preparación y la respuesta, es fundamental seguir manteniendo una reserva estratégica sanitaria que permita dar una respuesta oportuna y eficaz. Esta reserva debe
garantizar la disponibilidad y la óptima capacidad de producción de contramedidas en situaciones de crisis para la atención a personas afectadas por algún tipo de amenaza, cualquiera que sea su
origen o forma de presentación, y de equipos de protección individual para minimizar los riesgos de exposición del personal sanitario. La composición de la reserva debe adaptarse a partir de
ejercicios de priorización que permitan un aprovisionamiento progresivo y racional para enfrentarnos a las posibles amenazas sanitarias.
Un aspecto crucial que se ha puesto de manifiesto con la pandemia es la fragilidad de las cadenas de suministro global de determinados recursos estratégicos y la necesidad de disminuir el grado
de dependencia del exterior de recursos esenciales para garantizar su accesibilidad en todo momento. El desarrollo de la reserva estratégica sanitaria en España está, además, alineado con
las iniciativas propuestas por parte de la Unión Europea, como el mecanismo europeo de protección civil, la iniciativa RescEU y la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias
Sanitarias (HERA), recientemente creada tras las lecciones aprendidas de la pandemia.

Séptima. Mantener los mecanismos de gobernanza compartida.
Los mecanismos nacionales de gobernanza compartida, a través de la Conferencia de Presidentes y especialmente mediante el Pleno del CISNS y sus comisiones, ponencias y grupos de trabajo dependientes, se han manifestado esenciales para garantizar la preparación y la reacción frente a potenciales futuras amenazas. Se debe seguir profundizando en los mecanismos de coordinación y cooperación interadministrativa.

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