El modelo sanitario que se ha ido desarrollando desde la entrada de la democracia ha traído una serie de desajustes que con el paso de las décadas se han ido convirtiendo en una situación insostenible en los servicios que pertenecen al ámbito de la salud, especialmente las condiciones laborales de los empleados públicos.
En Intersindical Canaria llevamos más de seis años trabajando para garantizar la igualdad de oportunidades en la progresión profesional para todos los trabajadores y trabajadoras de los órganos centrales y territoriales del Servicio Canario de la Salud (SCS), en el que actualmente prestan sus servicios personal estatutario, laboral y funcionario desempeñando las mismas funciones y tareas, diferenciados únicamente por su vínculo laboral.
Es de justicia que todos los empleados públicos de la Consejería de Sanidad tengan el mismo derecho para acceder al reconocimiento de la carrera profesional sanitaria y encuadramiento en el grado correspondiente, conforme a los procedimientos y requisitos establecidos en la norma de aplicación, reservada actualmente sólo para el personal estatutario del SCS.
En los últimos años, Intersindical Canaria ha trasladado a los gestores de la Consejería y SCS las posibles soluciones al agravio comparativo que en estos momentos se vive cada día con los empleados públicos de servicios centrales del SCS.
Una modificación mediante Acuerdo de Gobierno la Disposición Transitoria 3º Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, en el que se elimine el requisito de “percibir las retribuciones por el sistema establecido en el Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre”, o una posible estatutarización voluntaria del personal laboral y funcionario de Servicios Centrales, permitiría regular un proceso extraordinario de reconocimiento y encuadre de la carrera profesional sanitaria mediante criterios establecidos en el Decreto 421/2007, de 26 de diciembre para todo el personal laboral y funcionario de los Servicios Centrales del SCS y Direcciones de Área de Salud.
En Canarias existe ya un MODELO de carrera profesional sanitaria específico para el personal del Servicio Canario de la Salud, en la que se puede encuadrar al personal funcionario y laboral de los Servicios Centrales y Direcciones de Áreas de Salud, con una estructura establecida además de unos factores y criterios de evaluación perfectamente aplicables a la naturaleza de las funciones, teniendo el derecho a acceder a la misma carrera profesional y retribuciones en función del cumplimiento de sus objetivos.
En los últimos meses, representantes de Intersindical Canaria se han reunido, incluso varias veces, con todos los grupos políticos con representación en el Parlamento de Canarias, el Consejero de Sanidad, Director del SCS, Directora de Recursos Humanos del SCS y Secretaria General, los cuales han reconocido estas desigualdades. También hemos hemos llevado y defendido este derecho en las mesas de representación de los empleados públicos.
Recientemente se ha realizado un sondeo entre todos los empleados públicos de la Consejería con independencia de su vínculo laboral, y se han recogido más de 500 firmas de apoyo a la iniciativa de este sindicato solicitando el reconocimiento de la carrera profesional sanitaria y encuadramiento en el grado correspondiente, para todo el personal de Servicios Centrales del SCS. Este documento se ha trasladado a todos los dirigentes políticos con capacidad de gestión además de la Mesa Sectorial de Sanidad.
A partir de este momento Intersindical Canaria promoverá distintas actuaciones en defensa de la igualdad de oportunidades en la progresión profesional de todos los empleados públicos de los Servicios Centrales del SCS, encabezando movilizaciones, protestas y concentraciones de estos trabajadores para reclamar y exigir nuestros derechos.
La solución depende de la voluntad política de este Gobierno que requiere un esfuerzo mínimo, llevando a Consejo de Gobierno la modificación normativa que impide la igualdad en el reconocimiento a la progresión profesional de todos los y las trabajadoras del SCS.
Solicitamos al Presidente del Gobierno que defienda y garantice los derechos en igualdad de condiciones de todos los empleados públicos de la Consejería de Sanidad.