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Desde Intersindical Canaria exigimos públicamente la dimisión o el cese inmediato de la Directora de la Agencia Tributaria Canaria (ATC) ante su manifiesta incompetencia para gestionar el capital humano. Denunciamos la creación de una «élite» directiva, el ocultismo en el sistema de retribuciones y un trato discriminatorio hacia la mayor parte de la plantilla, una situación que se ha evidenciado especialmente con el traslado a la nueva sede en el Edificio Royal en Las Palmas de Gran Canaria. Nos encontramos con problemas que afectan gravemente al personal de la Agencia y al funcionamiento de la misma, por mucho que se cumplan los objetivos globales que ellos mismos se ponen.

Denunciamos públicamente la total incapacidad de la Dirección de la Agencia Tributaria Canaria (ATC) para implantar de forma efectiva el teletrabajo regulado en el Decreto 74/2023. Esta situación adquiere tintes de extrema gravedad al denegar esta modalidad de trabajo incluso ante motivos de salud debidamente justificados o durante alertas meteorológicas declaradas, forzando a la plantilla a realizar desplazamientos de alto riesgo.
La Dirección vuelve a escudarse, como cada año, en supuestos «problemas de seguridad informática» e incumplimientos del Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Sin embargo, estas supuestas deficiencias técnicas no parecen afectar a las conexiones de la Directora, las subdirecciones, las jefaturas, personal que la dirección decide, e incluso al personal de empresas externas. Actualmente, más de sesenta personas se conectan de forma remota sin impedimento alguno, evidenciando que la seguridad informática sólo es un problema cuando se trata de implantar esta modalidad de trabajo entre el resto de la plantilla.

Es inadmisible que, tras inversiones millonarias en nuevas tecnologías y habiéndose multiplicado por cuatro el personal del área informática, la Dirección de la ATC sea incapaz de poner en marcha un sistema de trabajo online, implantado con éxito en otros departamentos de la Administración Pública de Canarias, del Estado y del conjunto de la Unión Europea. Exigimos que el Gobierno regional tome cartas en el asunto de inmediato y fiscalice esta flagrante incompetencia directiva.

Se incumple año tras año, la Ley de Presupuestos Generales de la CAC, puesto que su artículo 38 establece con claridad que el instrumento de planificación de la productividad deberá determinar “los objetivos individuales que serán objeto de evaluación”. Al hurtarse esta información a la plantilla, la productividad se pervierte, convirtiéndose en una retribución variable, arbitraria y opaca. Este sistema defectuoso beneficia a la “élite” de la Agencia – quienes ocupan puestos de libre designación – cuyos complementos alcanzan casi siempre el máximo permitido, con una media de 15.000 euros por persona.

Para mayor oscurantismo, no se cumple con lo recogido en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC referente a la publicidad de los pagos de productividad, la cual establece que “las cantidades percibidas en concepto de complemento de productividad serán de conocimiento público por el resto del personal del mismo colectivo perteneciente al departamento u organismo público, así como por la representación sindical del colectivo correspondiente”. Al ocultar estos datos, tanto al personal como a sus representantes legales, y al negarse a negociar el instrumento de planificación en las mesas correspondientes, la Dirección de la ATC da la espalda a la legalidad vigente y a los derechos del personal funcionario y laboral.

A la mala gestión de personal, cabe añadir las graves incidencias presupuestarias y organizativas derivadas del traslado al Edificio Royal. Recordamos que la actual Directora de la Agencia, nombrada por el anterior Gobierno del ‘Pacto de las Flores’ intervino en el proceso de adjudicación del proyecto de reforma del edificio a la empresa Levantina S.L. Dicha obra pública debió suspenderse tras incurrir la constructora en un proceso de suspensión de pagos, coincidiendo además con la implicación de dicha empresa en la denominada “trama Koldo”, retrasando durante años el uso de este nuevo edificio, sede de la ATC.

Denunciamos que la Dirección ha impuesto un modelo de «mesas compartidas» para el personal base, sin tener mesas o sillas asignadas e impidiendo dejar objetos personales o material propio de trabajo al finalizar la jornada. Sin embargo, esta estricta limitación contrasta con el trato de favor reservado a la Directora, las subdirecciones y las jefaturas, quienes sí disfrutan de despachos propios y puestos de trabajo exclusivos pudiendo mantener sus pertenencias.

Esta intolerante política de desigualdad se traslada de forma evidente al uso del aparcamiento. De las cerca de 40 plazas de garaje disponibles en el nuevo inmueble, la Directora ha dejado cero plazas para el conjunto de trabajadores que no ha sido “nombrado a dedo”, reservándolas en su totalidad para sí misma, para los puestos de jefatura bajo su criterio, e incluso para el personal de empresas externas.

Por último, desde Intersindical Canaria criticamos con total firmeza e indignación el absoluto desprecio por la sostenibilidad medioambiental en el nuevo recinto. En un sinsentido normativo, la Dirección penaliza la movilidad sostenible al prohibir al personal,de forma expresa, el estacionamiento de bicicletas y vehículos de movilidad personal dentro de las instalaciones.
Por otro lado, la dirección ha puesto diversas excusas para evitar la instalación de placas solares fotovoltaicas en un edificio nuevo y recientemente reformado. Sospechamos que el verdadero motivo podría ser “puramente estético”: evitando así que los paneles solares estropeen el ático y la inmensa terraza tipo chill-out que la Directora se ha reservado en exclusiva en la sexta planta. Un intolerable desperdicio de patrimonio público.
Pedimos al Gobierno de Canarias que fomente el transporte sostenible y premie el uso de bicicletas en lugar de penalizarlo, así como la producción eléctrica renovable en sus sedes. El ejemplo que se está proyectando a la ciudadanía es lamentable.

Denunciamos la incapacidad de la actual Dirección para cubrir los puestos vacantes de la ATC. Al cierre de 2025, sólo estaba cubierto el 60% de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), dejándonos con cerca de 300 vacantes por ocupar (un 40% de la plantilla). Esta descapitalización genera una carga de trabajo inasumible: imposible que 60 personas asuman el volumen de trabajo que está diseñado para 100.
A esta falta de personal se suma una política de recursos humanos caracterizada por la arbitrariedad, el clientelismo y la total falta de transparencia. Existe una grave desigualdad en la gestión de personal: se bloquea de manera sistemática la promoción interna temporal mientras se adjudican plazas a familiares y amigos. En contraste, las solicitudes de movilidad y conciliación familiar de otros empleados en situación crítica son denegadas o ignoradas mediante el silencio administrativo. Más lamentable aún son los casos de trabajadoras que, aún contando con el visto bueno del Servicio de Vigilancia de la Salud y del Comité de Seguridad y Salud de la ATC, llevan meses esperando una resolución de adaptación que la Directora mantiene bloqueada.

Después de más de dos años de desprecio absoluto a los Comités de Empresa y la Junta de Personal la Directora se ha reunido recientemente con dichos órganos de representación para ofrecer “más de lo mismo”, dinamitando cualquier vía de diálogo y haciendo inviable la negociación colectiva en la ATC.
Ante la falta de transparencia, el oscurantismo, la deficiente gestión de los recursos públicos y humanos, la incapacidad de implementar sistemas de trabajo online, el trato discriminatorio y la nula voluntad negociadora con los órganos de representación del personal de la ATC, Intersindical Canaria solicita formalmente a la Consejera de Hacienda, Dña. Matilde Asián, el cese inmediato de la Directora de la ATC, Raquel Peligero y la apertura de un proceso real de negociación. De lo contrario, estudiaremos iniciar movilizaciones, asambleas, concentraciones y paros en la Agencia Tributaria, así como la interposición de los correspondientes conflictos colectivos ante los tribunales.

¡Ya basta de abusos y excusas!

La Agencia Tributaria Canaria es un servicio público esencial y no puede seguir gestionándose como un cortijo particular al capricho de su Directora.