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Los dos documentos del Ministerio de Sanidad, la «Hoja de ruta Trabajo y salud mental» y el «Plan de acción de salud mental 2025-2027», marcan un cambio estratégico en el abordaje de la salud mental en España. Proponen un enfoque integral que reconoce los determinantes sociales, como las condiciones laborales, como un factor clave en el bienestar psíquico de la población.

En conjunto, ambos documentos suponen un llamamiento a un cambio de enfoque fundamental: pasar de una atención sanitaria que individualiza y medicaliza el sufrimiento a un modelo estructural basado en la salud pública y los derechos humanos. Se insta a actuar sobre los determinantes sociales, como las condiciones de trabajo, para prevenir el daño psíquico en su origen en lugar de limitarse a tratar sus consecuencias. Esto implica una responsabilidad compartida entre el sistema sanitario, las administraciones laborales y las empresas, con el fin de construir un sistema que sitúe el bienestar colectivo por encima de «las lógicas del beneficio a cualquier precio».

I. El Trabajo como Determinante Social Fundamental de la Salud Mental

La «Hoja de ruta» establece un marco conceptual para entender la profunda relación entre el entorno laboral y la salud mental.

  • La doble vertiente del trabajo: El trabajo, cuando se desarrolla en condiciones dignas, estables y justas, puede ser una fuente de bienestar, propósito y reconocimiento social. Sin embargo, las lógicas del capitalismo contemporáneo, como la maximización de beneficios y la intensificación de los ritmos de trabajo, han empeorado las condiciones laborales, convirtiendo el empleo en una fuente de daño y malestar para muchas personas.
  • Riesgos Psicosociales Laborales: Se definen como deficiencias en el diseño, la organización y la gestión del trabajo. Existe evidencia científica sólida que asocia la exposición a estos riesgos con un mayor riesgo de sufrir trastornos de ansiedad y depresión, trastornos del sueño y un mayor consumo de psicofármacos. Los riesgos con mayor evidencia de daño incluyen:
    1. Altas exigencias cuantitativas y un ritmo de trabajo elevado.
    2. Bajo control sobre el trabajo, que implica poca autonomía y escasas posibilidades de aplicar y desarrollar habilidades.
    3. Bajo apoyo social por parte de superiores y compañeros/as.
    4. Inseguridad sobre el futuro del empleo y las condiciones de trabajo.
    5. Altas exigencias emocionales y el conflicto entre el trabajo y la vida personal y familiar.
  • Precariedad Integral y Desigualdades: Se propone un modelo de «precariedad integral» que abarca no sólo las malas condiciones del puesto (precariedad laboral), sino también la inestabilidad del contrato (precariedad en el empleo) y las dificultades generadas en la vida cotidiana (precariedad social). Esta precariedad no se distribuye de forma equitativa, sino que afecta de manera desproporcionada a mujeres, jóvenes y personas migrantes. Además, se destaca la carga invisibilizada del trabajo reproductivo y de cuidados, asumido mayoritariamente por mujeres, que tiene un impacto significativo y poco reconocido en la salud mental.
  • El Vacío Institucional: La Falta de Reconocimiento: Un problema central y estructural es que ningún trastorno mental está incluido actualmente en el listado oficial de enfermedades profesionales en España. Esta omisión, que contraviene las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), provoca una grave infranotificación y la falta de asunción de responsabilidad por parte de las empresas. Como resultado, el sufrimiento de origen laboral se individualiza y medicaliza, tratando únicamente los síntomas en el sistema sanitario sin abordar las causas estructurales en el entorno de trabajo. De esta forma, los costes del daño son socializados (asumidos por el sistema público y el individuo), mientras los beneficios de la presión laboral se privatizan.

II. Una Hoja de Ruta para la Acción: Propuestas Clínicas, de Vigilancia y Políticas

Para cerrar la brecha del no reconocimiento, ambos documentos proponen una serie de acciones coordinadas y un cambio de enfoque desde el sistema sanitario y las políticas públicas.

  • El Abordaje Clínico Propuesto: Se detalla un procedimiento claro para los profesionales sanitarios con el fin de visibilizar el origen laboral del malestar psíquico:
    1. Evaluación con perspectiva laboral: Incluir de forma sistemática en la historia clínica preguntas sobre las condiciones de trabajo del paciente (tipo de contrato, jornada, carga emocional, relaciones, etc.).
    2. Valoración de la sospecha de origen laboral: Cuando los síntomas del paciente coinciden con una exposición a riesgos laborales y existe una relación temporal clara, el clínico debe plantear la sospecha de que el trabajo está contribuyendo al problema de salud. Para ello, se deben valorar criterios de diagnóstico, exposición, temporalidad y consistencia clínica.
    3. Comunicación y Codificación: La sospecha debe registrarse en la historia clínica utilizando los Códigos Z de la Clasificación Internacional de Enfermedades (especialmente el Z56), que permiten reflejar factores sociales y laborales. Con el consentimiento informado del paciente, esta sospecha debe ser comunicada a los organismos competentes en salud laboral para su investigación.
  • Hacia un Sistema de Vigilancia Epidemiológica: Se propone la creación de un sistema de vigilancia de los trastornos mentales de posible origen laboral. Su objetivo no es solo cuantificar la magnitud del problema, sino también orientar medidas de prevención y reparación en los lugares de trabajo. Este sistema permitiría clasificar los casos, tras su investigación, como:
    1. Trastorno mental derivado del trabajo.
    2. Trastorno mental agravado por el trabajo.
    3. Trastorno mental no laboral.
  • El Plan de Acción 2025-2027: Integrando el Trabajo en la Estrategia Nacional: Este plan operativiza la estrategia nacional de salud mental y dedica una de sus ocho líneas estratégicas a este problema, consolidando y dando impulso a las propuestas de la «Hoja de ruta».

La Línea Estratégica 8: Salud Mental y Trabajo tiene como objetivo avanzar en la identificación y el reconocimiento de los trastornos mentales laborales y garantizar entornos de trabajo saludables. Sus acciones clave incluyen:

  • Crear una guía para la identificación y comunicación de la sospecha de trastornos mentales laborales.
  • Promover la vigilancia de la salud mental de las personas trabajadoras expuestas a riesgos psicosociales.
  • Desarrollar programas de formación para que los profesionales sanitarios puedan identificar y comunicar estos casos de manera efectiva.
  • Promover el acceso y el mantenimiento de un trabajo de calidad para las personas con trastorno mental.

Esta línea se complementa con otras prioritarias, como la Línea 7 «Sistemas de información en salud mental» (la más valorada por los comités técnicos e institucionales), que incluye explícitamente el desarrollo de la vigilancia epidemiológica, y la Línea 3 «Modelo de atención orientado a los derechos humanos», que refuerza la necesidad de proteger a las personas de entornos laborales dañinos.