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El colapso del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) deja a las víctimas en el olvido: Demoras de hasta 5 años y desvío de 263.000€ a informes privados.
Intersindical Canaria denuncia una gestión negligente en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) por parte de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Mientras la Administración dilapida más de 263.000 euros en externalizaciones a empresas privadas, los procedimientos judiciales se hunden en un retraso sistemático que victimiza doblemente a la ciudadanía.
La falta de personal estructural y la política de parches temporales han convertido el sistema judicial en un embudo con consecuencias devastadoras, provocando una justicia tardía donde los procedimientos se demoran actualmente entre 3 y 5 años por la falta de informes periciales.
En el ámbito de familia, esta parálisis técnica sitúa a los menores en una situación de riesgo extremo, pudiendo permanecer separados de sus familias durante años hasta que el colapsado equipo técnico de familia evalúe si existe un riesgo real.
La falta de efectivos se extiende de forma crítica a la Unidad de Valoración Integral Forense (UVIF). El déficit de la plantilla en esta unidad impide que los informes multidisciplinares —piezas clave para la protección judicial de las víctimas de violencia de género— se emitan con la celeridad que la gravedad de los casos exige. Esta carencia de recursos humanos debilita directamente la red de protección de las mujeres y sus hijos/as, convirtiendo el derecho a una valoración ágil y exhaustiva en un trámite bloqueado por el abandono administrativo.
En el caso de los procedimientos penales, esta carencia de personal especializado obliga en ocasiones, a prescribir los procedimientos, quedando las víctimas despojadas del
resarcimiento legal que les corresponde. Además, en justicia juvenil, la elaboración tardía de los informes periciales retrasa la respuesta penal y la intervención con los menores delincuentes, favoreciendo su reincidencia.
Intersindical Canaria manifiesta que la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, es papel mojado en las islas. El Gobierno de Canarias ha sustituido el acompañamiento humano por oficinas de información virtuales, carentes de un asesoramiento integral, coordinado y especializado, tal y como recoge la citada Ley.
Según la Resolución 490/2026, la Administración ha pagado una media de 3.507,67 euros por cada informe externalizado a la empresa Godoy Consultores y Auditores SL, lo que ha supuesto que, durante el periodo 2024-2025, se hayan abonado solo en Tenerife 263.075,65€ por 75 informes. Intersindical Canaria denuncia que, con el coste de apenas una docena de estos informes privados, se sufragaría el salario anual de un empleado público, quien produciría un volumen de trabajo infinitamente superior y con personal formado y especializado en cada área.
El IMLCF se enfrenta a un escenario de parálisis técnica, operando con apenas la mitad de la plantilla mientras las vacantes en áreas críticas de intervención social y psicológica se cronifican durante años. Esta asfixia de la Función Pública ocurre en el momento de mayor presión migratoria de la década, ignorando de forma sistemática las advertencias de la Fiscalía y priorizando la contratación de consultoría externa frente al fortalecimiento del servicio público.
Los profesionales reclaman asimismo una apuesta decidida por la formación continua a través de la creación de un Plan de Formación específico y especializado para el área forense, exigiendo que se autorice en tiempo y forma la formación externa y se proceda al abono inmediato de las dietas correspondientes.
Garantizar la estabilidad y la excelencia en la atención a víctimas de delitos, menores y personas con discapacidad -entre otros-, es un imperativo legal que no admite más demoras. Sin embargo, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha mantenido un estado de abandono sistemático que imposibilita una respuesta pericial inmediata. Resulta inadmisible que, mientras el flujo de fondos hacia el sector privado es constante, se permita el desmantelamiento de los equipos públicos encargados de velar por los colectivos más desprotegidos de nuestra sociedad.
