En el transcurso de la reunión mantenida con la Mesa Sectorial de Personal Funcionario, al objeto de negociar la modificación parcial de la RPT de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Intersindical Canaria informa:
La propuesta de esta organización sindical pedía lo siguiente:
- Modificación de la denominación de varios puestos singularizados, puesto que no se justificaban la misma.
- Restringir varios de los puestos de trabajo a que la administración de procedencia fuese la CAC, ya que tampoco se veía justificada salvo criterio de reciprocidad, que se abriera a procedencia indistinta o a todas las administraciones públicas.
- Modificar la forma de provisión de muchos puestos de trabajo (jefaturas de área, servicio y/o negociado) de Libre Designación (LD) a Por Concurso de Méritos (PCM).
- Modificar las restricciones de acceso a distintos puestos de trabajo, cerrados a Administradores Generales para abrirlos al grupo A124 (especialidad psicología), dada la naturaleza de las funciones a desempeñar.
La propuesta de la SGT de la consejería recogió sólo en parte estas reivindicaciones.
- Se modifica el puesto singularizado Jefatura de Área de Igualdad creando Jefatura de Servicio.
- Se modifica la forma de provisión de puesto a Concurso de Méritos la Jefaturas de Servicio de Gestión Económica.
- Se modifica la administración de procedencia de los puestos de nueva creación de Jefatura de Sección de Igualdad, Jefatura de Servicio de Diversidad y Jefatura de Sección de Diversidad.
- Se abre el acceso a la especialidad de psicología los puestos de Jefatura de Servicio de Valoración, Orientación y Dependencia.
En base a que las reivindicaciones planteadas no fueron satisfechas, Intersindical Canaria mantuvo su postura, reiterando sus demandas e invitando a la SGT a tener en cuenta las mismas también cuando se emprenda la modificación total de la RPT.
Asimismo apoyó los planteamientos de otras organizaciones sindicales acerca de la eliminación de puestos de trabajo en balance general, que fueron atribuidas por la DGFP a las limitaciones presupuestarias establecidas en la Ley de Presupuestos, invitando a que esta reclamación se hiciese en sede parlamentaria.
