Tras participar en la mesa de trabajo entre la Administración General, FECAI, FECAM y organizaciones sindicales de la MGNEP, Intersindical Canaria

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Que dichas Jornadas de trabajo no eran sino, una mera puesta en escena de la Administración para justificar la existencia de un espacio de diálogo y consenso social.

Pudimos constatar una vez más, como la dejación de las diversas administraciones públicas en materia de contratación de personal en tiempo y forma, ha generado una casuística enorme de irregularidades. La obligación exigida a las comunidades autónomas por parte del Estado, de ejecutar los procesos de estabilización y consolidación que se firmaron en 2017 impuesto con posterioridad a través de la Ley 20/2021 de medidas urgentes de reducción de la temporalidad en el empleo público, ha dado lugar a una negociación que debe llevarse a cabo en un corto espacio de tiempo y sin garantías, de una correcta y justa negociación colectiva.

Las prisas por convocar la OEP, está dando lugar a la no existencia de una verdadera seguridad jurídica en el procedimiento, principalmente en el catálogo del personal afectado por abuso de temporalidad así como de los criterios y plazas a ofertar. En este punto es necesario denunciar que la Administración, una vez más no ha realizado su trabajo, evidenciando así su incompetencia en materia de ordenación de recursos humanos. Es incomprensible, que en el discurso de investidura del Presidente del Gobierno Angel Víctor Torres éste ya manifestaba como prioridad de su gobierno, la ordenación de los recursos humanos para resolver la temporalidad abusiva y la precariedad laboral de los trabajadores públicos. Lo cierto es que a día de hoy, aún no están elaborados con garantía los listados del personal en abuso de temporalidad y por ello, asumen y reconocen que saldrán incompletos y erróneos pero admitiendo la posibilidad de corregir como “error material” una vez publicada la OEP.

Las irregularidades son tantas, que deja al descubierto la incompetencia y mala de gestión del actual grupo de Gobierno, así como de los diferentes partidos que han gobernado las últimas tres décadas en todas las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Los empleados públicos en fraude de ley, así como la ciudadanía, deben ser conocedores de los mecanismos que pretende articular la Administración, en connivencia con algunos sindicatos, con los que pretende hacer «trampas», para así poder dar cumplimiento con los plazos impuestos a través de la Ley 20/2021 y dotar, paradójicamente, de seguridad «jurídica» los diversos procedimientos.

INTERSINDICAL CANARIA mantiene su postura, LOS QUE ESTÁN, SE QUEDAN, pues tiene claro que la Administración lleva años cometiendo una ilegalidad y que con esta Ley, el PSOE solo pretende lavar su imagen a base de TITULARES SENSACIONALISTAS y engañosos, además de vender desde su recién iniciada campaña electoral, que el PSOE apuesta por sacar una oferta de empleo público sin precedentes, sin contar que esas plazas están siendo ocupadas por personal en abuso de temporalidad durante décadas y que supondrá el mayor ERE de la historia llevado a cabo por un partido que se llama progresista y que significará poner en juego el trabajo de más de 55.000 canarios.

Para más evidencia de que su interés se aparta de la defensa de los derechos de lo trabajadores, el Gobierno sigue contratando personal temporal para puestos estructurales, quedando de manifiesto que esta Ley no es más que un paripé para evitar sanciones y lograr los fondos europeos condicionados a resolver la temporalidad en la Administración Pública y no existe intención alguna de evitar que esta situación vuelva a repetirse en un futuro, ante la inexistencia de sanción disuasoria para la Administración.

Da mucha vergüenza, que esta situación la cree un partido socialista y obrero pero más indignante es aún, la traición por parte de varios sindicatos, los cuales van de la mano del Gobierno de Canarias por un camino que, dejará miles de víctimas, muchos dramas y un precedente sin parangón, de abandono de la defensa de los trabajadores. De hecho, son estas organizaciones sindicales las que han forzado la situación actual, cuando lo que se esperaba de ellas hubiese sido la defensa de una solución a futuro para acabar con la precariedad laboral en el sector público y la defensa de los trabajadores abusados, máxime ante el dictamen de María Emilia Casas cuya aplicación como norma básica hubiese solventado como ley de punto final la grave situación de los trabajadores y con medidas disuasorias para que esta situación no vuelva a repetirse en el sector público.

INTERSINDICAL CANARIA denuncia alto y claro que los afectados por abuso de temporalidad no son los CULPABLES, son las VICTIMAS, y sólo con verdadera voluntad política se puede llegar a hacer JUSTICIA con este colectivo, pero para todos por igual, sin trampas, ni cartón.

Canarias, 4 de mayo de 2022