La urgencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 obliga a la prestación del servicio mediante la modalidad de teletrabajo en muchos departamentos de la administración pública nuestra Comunidad.
La experiencia reciente y el contexto de recuperación, transformación y resiliencia, nos ofrece una oportunidad única para introducir cambios en las formas de organización del trabajo que redunden en la mejora de la prestación de los servicios públicos, en el bienestar de las empleadas y empleados públicos así como el cumplimiento de los objetivos para alcanzar una Administración del siglo XXI.

En nuestra Comunidad Autónoma el artículo 24 de la Ley 4/2020, de 26 de noviembre, ordena al Gobierno de Canarias para que, previa negociación en las correspondientes mesas de negociación, apruebe un Decreto por el que se regule la prestación del servicio en la modalidad no presencial mediante la fórmula del teletrabajo para el personal al servicio de la Administración pública de Comunidad Autónoma de Canarias y las entidades públicas adscritas, vinculadas o dependientes de su sector público.

Han transcurrido más de tres meses desde que el Proyecto de Decreto que regula el teletrabajo se lleva a la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos y es informado por la Comisión de la Función Pública Canaria.

No se entiende el motivo por el cual no se ha continuado con los trámites establecidos para la aprobación del Decreto que regula la prestación de servicios en la modalidad no presencial, mientras las empleadas y empleados públicos Canarios continúan desarrollando parte de su jornada laboral en teletrabajo sin la preceptiva regulación.

Esta situación de provisionalidad nos aboca a no poder exigir los requisitos personales y organizativos mínimos para acceder a la prestación de servicios mediante teletrabajo, no se pueden garantizar los objetivos marcados en esta modalidad, como son, una mejor planificación, organización y ordenación del trabajo identificando objetivos y evaluando su cumplimiento, así como el bienestar de las empleadas y empleados públicos.

Intersindical Canaria ha solicitado al Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad a impulsar de forma urgente a los trámites necesarios para la aprobación y posterior publicación y entrada en vigor del Decreto por el que se regula la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo del personal empleado público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos públicos vinculados o dependientes.