Han pasado casi veinte años desde que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) reconoció el derecho de los empleados públicos a progresar profesionalmente a través de la carrera profesional. Sin embargo, en Canarias seguimos esperando el desarrollo normativo necesario para hacer efectivo este derecho en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma.
Ayer 17 de junio de 2026 se constituyó formalmente la Mesa Técnica de la Carrera Profesional de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, dando respuesta a una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales con representación en los distintos órganos de negociación: Intersindical Canaria, SEPCA, CSIF, CCOO, Co.bas y UGT.
Durante esta primera reunión se acordó un calendario de encuentros quincenales para abordar la propuesta de acuerdo sobre carrera profesional presentada por las organizaciones sindicales en diciembre de 2024.
La propuesta sindical apuesta por un modelo de carrera profesional horizontal que permita la progresión mediante el reconocimiento de la experiencia, el desarrollo profesional, la formación y los méritos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. Se trata de un modelo inspirado en el ya implantado en nuestra comunidad autónoma para el personal estatutario del Servicio Canario de la Salud.
Aunque los representantes de la Administración plantearon numerosas observaciones al texto presentado, las organizaciones sindicales confiamos en que exista una voluntad real de negociación, que permita avanzar hacia la implantación efectiva de la carrera profesional para el personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, una demanda largamente esperada y ampliamente compartida por los empleados públicos.
No obstante, persiste una preocupación importante: que el desarrollo de la carrera profesional quede condicionado a la implantación previa de un sistema de evaluación del desempeño vinculado a la productividad. Según se expuso en la reunión, la Administración contempla un horizonte aproximado de dos años para la puesta en marcha de dicho sistema, lo que podría retrasar innecesariamente el reconocimiento de este derecho.
De cara a la próxima sesión, prevista para el 2 de julio, la Dirección General de la Función Pública se ha comprometido a presentar una propuesta de modificación de la Ley de Función Pública Canaria que permita dotar de cobertura jurídica el futuro modelo de carrera profesional e incorporar las previsiones necesarias en los próximos presupuestos.
Asimismo, la Dirección General de Modernización trasladará un borrador de Orden Conjunta de las consejerías competentes para regular el sistema de evaluación del desempeño, un elemento que será clave en el desarrollo de las futuras negociaciones.
Nos encontramos, por fin, en el punto de partida de un proceso largamente reclamado. Ahora es el momento de que la Administración transforme los compromisos en hechos y de que la carrera profesional deje de ser una expectativa pendiente para convertirse en una realidad para los empleados y empleadas públicos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.
