En el año 2020 al abonarse en nómina al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias las ayudas correspondientes a los programas de acción social, se les aplicó a todas retención por IRPF.

Teniendo conocimiento de las consultas vinculantes relacionadas con este asunto de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y sin perjuicio de que existan más, Intersindical Canaria lo trasladó a la Dirección General de la Función Pública, solicitando que se adecuara la imputación de la retención por IRPF de las ayudas de acción social, dejando fuera de tributación a las cantidades que se abonen por las ayudas médico-farmacéuticas que la Agencia Tributaria considera exentas.

En la Comisión de Acción Social en reuniones celebradas en septiembre de 2021, se volvió a plantear, acordándose tenerse en cuenta para el abono de las ayudas del 2021. Dividiéndose las ayudas en tres bloques para tener separadas las ayudas médico-farmacéuticas, que estarían exentas de retención por IRPF.

En el mes de noviembre de 2021 se han abonado en nómina complementaria las ayudas de acción social y se les ha aplicado IRPF a todas, aún conociendo el criterio del Ministerio de Hacienda sobre la retención por IRPF de las ayudas médico-farmacéuticas.

A la vista de este incumplimiento, y de efectuarse un claro perjuicio a todos los empleados públicos, actuándose en contra del dictamen del Ministerio de Hacienda, supone una incuestionable arbitrariedad y abuso de competencias, así como desprecio a las percepciones legales a las que tiene derecho percibir el personal por estas ayudas, pues se le descuenta un dinero del que es dueño y debe percibir a la hora de liquidar la nómina.

A la vista de esta acción indebida detectada en el proceso de una nómina, a esta organización sindical nos llegan comentarios sobre la inevitable duda e inseguridad, por si en los procesos generales de las nóminas de todo el personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Canarias se cumple con la estricta legalidad y el personal percibe en todo momento las retribuciones debidas y en la forma que le corresponde, así como si están debidamente practicados los descuentos por todos los conceptos.

Por lo que solicitamos al Sr. Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y a la Dirección General de la Función Pública, a que se investigue este asunto y se depuren responsabilidades, así como denuncia a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias y a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios.

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de diciembre de 2021