El fallo del Conflicto Colectivo presentado por INTERSINDICAL CANARIA dice textualmente:
“Estimamos parcialmente la demanda sobre conflicto colectivo formulada por D./Dña. INTERSINDICAL CANARIA contra D./Dña. DIRECCION GENERAL DE FUNCION PUBLICA DEL GOBIERNO DE CANARIAS y MINISTERIO FISCAL, declarando que la Administración demandada ha incumplido con las obligaciones que le incumben en materia de prevención de riesgos laborales de sus empleados públicos, condenando a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias a estar y pasar por este pronunciamiento, a elaborar de forma inmediata el plan general de Prevención de Riesgos Generales con ámbito de aplicación en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y en sus Organismos Autónomos y la constitución, con idéntica inmediatez, del Comité Interdepartamental. Sin costas”.
La actividad reivindicativa de esta Organización Sindical comienza con carácter previo a que el Boletín Oficial de Canarias número 25, de fecha 8 de febrero de 2010, publicó el Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, cuyo objeto es “..la adaptación a la Administración Pública … de la normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales, mediante la implantación de un plan general de prevención, que posibilite su integración en el conjunto de sus actividades y decisiones, y en los distintos niveles jerárquicos, potenciando sus recursos propios humanos y materiales, y adecuando su contenido a las peculiaridades organizativas y de participación de los empleados públicos a su servicio. Este plan constituirá el marco dentro del cual se desarrollarán los planes sectoriales de prevención a que hace referencia el artículo 8.1 a) del presente Decreto”.
Con ello, se establece que, en el plazo de doce meses a contar desde la entrada en vigor del Decreto, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de la Función Pública, debería haber elaborado e implantado un Plan General de Prevención de Riesgos Generales con ámbito de aplicación en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y en sus Organismos Autónomos, que constituyera el marco a partir del cual se desarrollarían los respectivos Planes Sectoriales.
En junio del pasado año, Intersindical Canaria denunció ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas el incumplimiento por parte del Gobierno de Canarias y su Dirección General de la Función Pública, de las previsiones contempladas en los artículos 5.2 d), 15 y 16 del Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, referidos a la constitución del Comité Interdepartamental, auditoría como sistema de control y coordinación en materia de prevención de riesgos laborales.
Tras la realización de diligencias de inspección, se emitió oficio en agosto de 2023, efectuando propuesta de requerimiento para que, en los plazos establecidos en cada uno de los requerimientos efectuados a partir de la recepción del informe, se procediera a la elaboración del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, y una vez esté realizado, se procediera a la realización de la auditorias en los términos normativamente establecidos. Tras ello, se decide la presentación de Conflicto Colectivo.
A la fecha de la celebración del acto de juicio oral, el Plan General de Prevención no se encontraba elaborado, ni se había constituido el Comité Interdepartamental ni auditado la prevención de riesgos autonómica, tal como se ha venido denunciando y se ha convertido en una reivindicación constante por nuestra Organización en el Comité Sectorial de Seguridad y Salud de la Consejería de Sanidad.
Consideramos, desde Intersindical Canaria, este fallo como de vital importancia para mejorar y adaptar a la normativa la Prevención de Riesgos Laborales para el conjunto de empleados públicos de Canarias y anunciamos que, a partir de este momento, los servicios jurídicos de nuestra organización sindical trabajarán en la viabilidad de demandar al Gobierno de Canarias en materia de indemnizaciones por daño al trabajador al no tener un plan de PRL ni regional ni sectorial.
