La precaria situación de la Función Pública Canaria es a día de hoy indiscutible. Como se ha reclamado desde esta organización sindical, la destrucción de lo público, la pérdida de la calidad en los servicios y la falta de planificación a largo plazo del EMPLEO PÚBLICO, no sólo IMPIDEN ajustar, adaptar y modernizar los servicios para ofrecer la calidad y seguridad necesarias a la ciudadanía, sino que además OBSTACULIZA la garantía de estos servicios a la sociedad con la que el/la empleado/a públicos están comprometidos.

Muchos de los servicios más importantes que la Administración Canaria ofrece a la ciudadanía para garantizar la seguridad, la calidad, la justicia, la igualdad y la transparencia, son llevados a cabo por PERSONAL CON FUNCIONES DE LABOR INSPECTORA.

Este personal interviene en áreas como la Salud, Educación, la Seguridad Alimentaria, Sanidad ambiental, el Medioambiente, la Pesca, Agricultura y Ganadería. El Turismo, el Empleo y el Consumo, asegurando el cumplimiento de la legalidad.

Sobre estas empleadas y empleados públicos recae una enorme responsabilidad puesto que de sus actos depende que se pueda cumplir con las obligaciones legales que tiene la Administración en sus labores de alta inspección y potestad sancionadora, entre otras.

Este personal debe enfrentarse muchas veces en solitario, sin unas condiciones mínimas de seguridad, a situaciones que les sitúa en circunstancias de alto riesgo, ya que a las tareas y competencias que acompañan el cargo desempeñado, se unen la desidia e ineficaz gestión de personal en que se ha sumido la Administración Canaria durante muchos años. Esto se debe principalmente a:

  1. Plantillas mermadas y envejecidas en extremo, que imposibilitan una actuación con los niveles necesarios de seguridad y de calidad
  2. Obsolescencia, inexistencia y/o falta de desarrollo del régimen organizativo y logístico suficiente y adecuado de los cuerpos y/o escalas , categorías, etc., para llevar las labores encomendadas con las garantías exigibles
  3. Inexistencia de un marco jurídico general y común de mínimos aplicable a todo este personal

Ello ha dado lugar entre otras a:

  1. Retraso y/o paralización de la actividad administrativa por falta de medios y/o recursos, que incluso debe soportar el uso de sus propios vehículos
  2. Sobrecarga extrema de trabajo del personal
  3. Inexistente y/o escaso seguimiento de la salud y prevención de riesgos laborales psicosociales, produciéndose casos de agresiones, amenazas, acoso, etc.
  4. Inseguridad jurídica ante denuncias de terceros por actos en el ejercicio de sus funciones

Desde Intersindical Canaria, siempre gracias a la participación y perspectiva que nos ofrece el personal implicado, creemos que la respuesta a la situación que debe ser integral, duradera y apropiada.

Por ello hemos instado a la Dirección de la Función Pública Canaria a promover y adoptar una serie de medidas comunes para el personal con funciones inspectoras:

  1. Creación de un registro asociado a la Inspección General de Servicios de todo el personal de la Administración Canaria con funciones inspectoras
  2. Equiparación y reconocimiento de la responsabilidad en los puestos de trabajo incluyendo en la planificación presupuestaria la complementación, el aumento y la adecuación de las plantillas a la carga laboral, de manera prioritaria
  3. Asignación a todo ese personal de un Número Identificación Profesional con el que se identificará en todas sus actuaciones, presenciales y/o telemáticas, garantizando la protección de sus datos de carácter personal
  4. Garantizar esta misma protección en los medios de transporte, asegurando las dotaciones necesarias de vehículos oficiales
  5. Garantía de asistencia jurídica de la Administración Canaria (abogacía y procuraduría), ante denuncias recibidas por actuaciones en el desempeño de sus funciones
  6. Posibilitar el acceso directo y ágil al departamento de Inspección de Servicios Generales para recabar su orientación jurídica en el desempeño de sus funciones
  7. Evaluación por parte de los servicios de prevención de la Administración Canaria de los riesgos laborales comunes a este personal, asociados a las funciones que realizan para poder establecer unas medidas preventivas tanto de tipo individual, como organizativas y/o colectivas adecuadas
  8. Promoción de la imagen pública de este personal, a través de los medios y portales públicos, dignificando y potenciando su función social y apoyo institucional en el ejercicio de sus funciones
  9. Promover de manera activa la colaboración interadministrativa e interdepartamental, para poder contar con el apoyo de cuantos medios y recursos puedan fortalecer la actuación de este personal, aumentando la eficacia y eficiencia
  10. Proveer de los medios materiales necesarios y adecuados para el desarrollo de sus funciones en concordancia a la era digital en la que vivimos.