Ante las reiteradas declaraciones realizadas por el Sr. Casimiro Curbelo a diferentes medios de Comunicación, en relación a que los Empleados Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias no han respondido a la movilidad voluntaria para atender las necesidades sociales provocadas por la crisis del Covid-19 y sus consecuencias socioeconómicas, Intersindical Canaria, el sindicato mayoritario en el Gobierno de Canarias quisiera aclararle varias cuestiones:
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La profesionalidad, entrega y solidaridad de los empleados públicos de Canarias es enorme. Y enorme es la dedicación al servicio de los ciudadanos y al mantenimiento de los servicios públicos, aún en contra de de los que han ejercido en política durante toda su vida que, con su mala gestión, han dejado sin recursos y personal a la Administración Pública Canaria. De esos lodos políticos, estos barros de crisis.
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Prueba de ello es que los funcionarios sanitarios que están trabajando en primera línea para velar por nuestra salud en los hospitales y a los que la ciudadanía aplaude cada tarde, se han contagiado de manera alarmante con el Coronavirus (casi un 25% del total de contagios) resultado de manifiesta ineficacia de este Gobierno que no fue capaz de gestionar a tiempo los equipos de protección que necesitaba el personal sanitario. Y aún hoy seguimos en tres cuartos de lo mismo.
Y gracias al modelo de política neoliberal, esta crisis nos ha cogido con una sanidad pública mermada en recursos tras años de privatizaciones e ingentes inversiones de dinero de todos los canarios en el sector sanitario privado, para que pocos se enriquecieran y la sociedad perdiera calidad asistencial. Es lamentable que no hayamos podido contar, en una crisis como esta, con el sector sanitario privado después de tanto tiempo de inyectarle dinero público. Y la responsabilidad es exclusivamente política, de la de los políticos que nos han gobernado, incluido el Sr. Curbelo, que de eso sabe bastante.
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En relación al personal de Administración General, recordarle al Sr. Casimiro Curbelo que la mayoría de esos 12.000 funcionarios de los que habla, están teletrabajando y poniendo sus medios personales (teléfonos, ordenadores, redes wifi, equipos, espacios, horas extras) para que los servicios públicos se mantengan y que los ciudadanos reciban el trato adecuado que se merecen ahora y que siempre se han merecido, en contra de la voluntad (otra vez) privatizadora y anti pública de los políticos.
Muchos de estos empleados y empleadas públicas hacen doble turno desde sus casas, através del teletrabajo, o presencialmente, para ayudar a paliar la situación de penuria social creada por la pandemia. Y los que no han podido desarrollar todo su potencial de servicio en el teletrabajo es porque no se le ha dotado de medios para que trabajaran desde casa como exige la Ley hasta ahora.
Es más. Muchos trabajadores y trabajadores del Servicio Canario de Empleo (uno de los núcleos de la necesidad social) y de otras muchas Consejerías aún hoy reclaman que se les dote de los mínimos recursos (VPN, etc) para poder desarrollar el teletrabajo y poder agilizar la gestión tras la avalancha de ERTEs y necesarias ayudas sociales en Canarias. Todavía muchos esperan a que el Gobierno les diga algo. La agilidad con la que se sigue moviendo la Administración es estos momentos de crisis es gracias al desvelo, solidaridad y responsabilidad de las empleadas y empleados públicos.
El gobierno de Canarias no ha dado los medios para que los sanitarios se protegieran del virus. Pero tampoco a dado a los empleados públicos de la Administración General los recursos para que defendieran adecuadamente a la ciudadanía de las consecuencias sociales y económicas de esta crisis sanitaria.
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Mucho antes que la dirección de la Función Pública Canaria publicara la resolución (Res. 353/2020 , 7 de abril) en relación a la oferta de movilidad funcional voluntaria para afrontar la crisis provocada por el Covid-19, centenares de empleadas y empleados públicos ofrecieron sus servicios para atender a estas necesidades, añadida como no, a las funciones propias de sus puestos de trabajo. Sin ir más lejos, Intersindical Canaria, organización sindical a la que represento, ofreció todos los recursos sindicales disponibles (liberados, delegados, recursos materiales) para afrontar las necesidades urgentes y perentorias de la ciudadanía canaria (escrito que presentamos el 31 de marzo de 2020). Y muchos de nuestros liberados se han incorporado a sus puestos de trabajo aún sin respuesta de la propia administración.
Casi todos los ofrecimientos solidarios y comprometidos hechos por los empleados públicos fueron inicialmente aceptados por aquellos departamentos que los necesitaban. Pero posteriormente se paralizaron esperando la resolución de Función Pública a la que hemos hecho referencia. Comprobamos una vez más que ha sido la incapacidad organizativa de los responsables del Gobierno los que han impedido el trabajo adicional y solidario de centenares de Empleadas y Empleados Públicos.
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El Sr. Curbelo, en unas declaraciones realizadas previamente a un medio de comunicación, relató que desde que se dio el primer caso de Coronavirus, fue a los mercados internacionales a comprar los equipos de protección necesarios para la Gomera. Se jactaba que había comprado antes que nadie y a mejor precio.
Sin duda, actitud más insolidaria es difícil de encontrar, máxime cuando viene de un parlamentario canario cuyo partido político forma parte del gobierno canario. Podría haber seguido el ejemplo de los empleados públicos y haber sido más solidario con el conjunto del archipiélago en ese momento. Esa actitud contrasta con la solidaridad social y el espíritu de compromiso que los empleados y empleadas públicas tienen con la ciudadanía.
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Desde Intersindical Canaria lamentamos profundamente que el Parlamentario Gomero, frente a una crisis como esta, vuelva a mirar a los servicios públicos como objetivo de recorte, cuando ellos han sido responsables, actores y cómplices de los recortes que ha sufrido la Administración en los últimos años: recortes que nos han llevado a esta situación de tensión tanto en los hospitales como en el resto de los servicios públicos.
Poco ha aprendido el Sr. Curbelo de la última crisis que dejó claro que una Administración Pública bien dotada, con empleados públicos profesionales y vocacionales como tiene la administración canaria, es la única garantía de justicia y de universalidad de derechos que tienen los ciudadanos y ciudadanos en esta tierra nuestra.
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Gracias al trabajo de los empleados y empleadas públicas, de la vocación de todos y todas, se mantienen los servicios públicos aún en situación de crisis. Seamos justos y agradezcamos a la mayoría de los políticos, puestos de confianza y ejecutivos del Gobierno de Canarias que hayan estado silenciados (salvo las salidas de tono del Sr. Curbelo..) y calladitos. Eso demuestra que poco aportan al buen funcionamiento de la Administración y que, en esencia, no son necesarios. ¿Podrían decir ellos lo mismo de los médicos, enfermeros, celadores, auxiliares, limpiadores y limpiadoras, policías, empleadas y empleados públicos de los servicios sociales y esenciales, de la mayoría de los trabajadores públicos que están teletrabajando haciendo doble jornada con sus propios medios). Nosotros sí que somos necesarios y que no nos venga a insultar el Sr. Casimiro Curbelo.
Resulta bastante irónico que el Sr. Casimiro Curbelo matizara sus palabras diciendo que hay funcionarios que trabajan por 5 y otros que se pueden quedar en casa. Y nosotros le decimos al Sr. Curbelo que todos los empleados Públicos estamos reventados de trabajar por culpa los recortes del sector público, propiciado, entre otros muchos, por él mismo.
Habría que alabar cómo, en tan poco tiempo, a iniciativa e instancia de los propios funcionarios (cosa que desde hacía tiempo se había trasladado a la Administración y no habían hecho caso) muchos de los procedimientos y protocolos administrativos que sufren tanto los funcionarios como los ciudadanos se han simplificado en esta época. Y ahora los ciudadanos pueden seguir disfrutando de sus derechos con la normalidad que cabe dentro de un estado de alarma.
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Las declaraciones del Sr. Curbelo en relación a las bajas de los empleados públicos definen la realidad de su ideología y de su pensamiento profundo que comparte con el Sr. Soria, el exdirigente del partido popular, cuando dijo “que los funcionarios se cogían la baja para ir a la playa”. Esas difamaciones fueron denunciadas por Intersindical Canaria y el Sr. Soria tuvo que rectificar después de la sentencia que reconocía sus palabras como falsas y malintencionadas.
Que sepa el Sr Curbelo que Canarias tiene una de las tasas más bajas de empleados públicos por cada 1000 habitantes, están muy mal pagados en relación a la media nacional y son los que presentan unos menores índices de bajas en todo el estado español. Es decir, una vez más por culpa de sus políticas y de las políticas de otros que comparten su pensamiento, hay pocos empleados públicos para prestar servicios a la ciudadanía y los que quedamos, estamos reventadas en nuestro puesto de trabajo, resistiendo ahora la pandemia del coronavirus pero, desde hace mucho, resistiendo la plaga de muchos políticos incapaces e ineficaces que nos han llevado hasta la extenuación.
Y además, desde Intersindical Canaria nos parece una falta de respeto a la profesionalidad de los médicos y sanitarios, que tanto se alaba ahora, que el Sr. Casimiro Curbelo ponga en tela de juicio la profesionalidad en el ejercicio de sus competencias cuando un médico del sistema público de salud le da la baja a un trabajador por el motivo que sea. Otra vez el pensamiento único neoliberal de muchos políticos canarios de atacar el derecho de cualquier trabajador, incluido los empleados y empleadas públicas, a estar enfermos.
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Desde Intersindical Canaria nos solidarizamos con el personal de la Administración Insular de La Gomera, porque su máximo responsable, el Sr. Casimiro Curbelo, ha avisado de que muchas administraciones están sobredimensionadas de personal y que hay que tomar medidas. Y los datos apuntan que La Gomera es una de ellas, con uno de los mayores ratios de personal público en relación a la población residente insular. Que sepan los trabajadores públicos de la Gomera que cuentan con el respaldo, los recursos jurídicos y los medios sindicales que sean precisos de Intersindical Canaria, para evitar lo que les anuncia la máxima autoridad de la isla.
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Como organización sindical más representativa en el Gobierno de Canarias, lamentamos que que tanto la Directora General de la Función Pública, la Sra Laura Martín, como el Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, D. Julio Pérez, no atajen y salgan al paso de las opiniones del Sr Casimiro Curbelo cuando arremete contra los funcionarios y el personal de la Administración Pública.
Quien calla otorga y el silencio de los dirigentes de la Consejería del Gobierno de Canarias responsables del personal de la Comunidad Autónoma, les hace cómplices y corresponsables de la campaña de desprestigio hacia los empleados públicos orquestada desde el propio Gobierno de Canarias.
Con este equipo dirigiendo, que Dios coja confesados a los ciudadanos que somos a fin de cuentas los que vamos a sufrir, como siempre, los efectos si se producen recortes de lo público. Pero para evitar cualquier tentación de esas, Intersindical Canaria estará atenta y combativa, siempre al lado de los trabajadores y trabajadoras y de los empleados y empleadas públicas de Canarias.