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INTERSINDICAL CANARIA DENUNCIA LA PRIVATIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DEL MEDIO AMBIENTE DE CANARIAS A TRAVÉS DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE LA BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES DE CANARIAS
“La falta de personal público y de medios para desarrollar sus funciones se convierten en la antesala del desmantelamiento del cuerpo de Agentes de Medio Ambiente (AMA) dependiente del Gobierno de Canarias. Esto supone una privatización encubierta al otorgar a vigilantes de seguridad privada funciones que están legalmente reservadas de forma exclusiva a empleados públicos”.
Canarias 28 de abril de 2026.
Tras declararse la tramitación de urgencia del Anteproyecto de Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales de Canarias, el Gobierno de Canarias lo expone a consulta pública durante solo 9 días, concluyendo el 24 de abril.
Desde Intersindical Canaria denunciamos que, pese a que durante este período la sociedad civil podía hacer alegaciones, el plazo era claramente insuficiente para analizar un texto de tal calado, además de que, una vez más, se haya despreciado la experiencia y los conocimientos del personal público.
Esta organización sindical denuncia la grave vulneración de la normativa estatal y autonómica que supone dotar a personal de empresas de seguridad privada de competencias legalmente reservadas a funcionarios públicos. Esta decisión choca frontalmente con la organización interna de la Administración: ni siquiera el personal laboral con funciones de vigilancia puede ejercer funciones exclusivas del personal funcionario – como la identificación de personas, el principio de veracidad en las actas o la fe pública-, resulta aún más inadmisible que estas se deleguen en vigilantes del ámbito privado. Al optar por la seguridad privada en lugar de cubrir vacantes e invertir en funcionarios de carrera, la Administración no solo precariza el servicio, sino que pone en riesgo la legitimidad de la autoridad ambiental.
Cabe recordar que un funcionario público garantiza los derechos de la ciudadanía al estar debidamente identificado y preservar, en todo momento, las garantías que asisten al ciudadano ante los procedimientos administrativos o penales correspondientes. Son las administraciones públicas las que deben asegurar estos derechos y nunca delegarlos al sector privado, ya que además esto contraviene el ordenamiento jurídico español.
La incoherencia del Gobierno es palpable e incuestionable al analizar los datos reales de ocupación de las plantillas estructurales, donde la falta de personal alcanza niveles críticos que imposibilitan la vigilancia efectiva del medio rural y las áreas protegidas (Espacios Naturales Protegidos, Parques Nacionales y espacios de la Red Natura 2000), frente a la idea de privatizar la vigilancia con una figura de seguridad privada reservada a espacios cerrados y acotados.
La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural se encuentra en una situación de abandono institucional con un 58,3% de sus plazas de Agentes de Medio Ambiente vacantes. En la provincia de Las Palmas la situación roza el colapso con un 66,6 % de la plantilla sin cubrir, contando únicamente con 3 agentes operativos para toda la provincia. Estas cifras demuestran nuevamente, que la privatización no es una necesidad coyuntural, sino una estrategia de desmantelamiento programado del servicio público, pese a la previsión de 10 nuevas plazas para el cuerpo de Agentes de ámbito autonómico por ser claramente una medida insuficiente.
Pero la situación actual no solo es crítica por su mermada plantilla, sino por el incumplimiento de los estándares mínimos de seguridad y operatividad. Ya en el año 2003, informes del Ministerio de Medio Ambiente establecían un estándar organizativo claro: para garantizar la cobertura efectiva de los cuadrantes de servicio en los Parques Nacionales, las plantillas deben contar con un mínimo de 12 agentes. En la práctica los turnos se realizan en solitario o se dejan sin cubrir por falta de personal, y siempre sin las medidas seguridad propias de un cuerpo de policía administrativa especial.
Esta norma, además, presenta contradicciones directas con leyes estatales fundamentales de residuos, especies exóticas y seguridad privada. La falta de rigor jurídico no solo invalida el texto desde su base, sino que ha generado un rechazo unánime entre los distintos cuerpos de seguridad (Agentes de Medio Ambiente, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y Policía Canaria), que advierten de las contradicciones legales y operativas que conlleva la nueva regulación.
Por todo ello, desde Intersindical Canaria solicitamos la paralización inmediata de la tramitación legislativa de urgencia y que el anteproyecto se someta a una amplia consulta y debate público e institucional. Es imperativo aprovechar este “paréntesis” para escuchar a los Agentes de Medio Ambiente, quienes poseen la visión técnica y de gestión necesaria para proteger nuestro patrimonio sin recurrir a la externalización de funciones públicas, garantizando así la responsabilidad jurídica y la gestión económica eficiente de los recursos de todos los canarios.
