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Ante la reciente creación del área de “Integridad Institucional” y el lanzamiento de encuestas y cursos sobre corrupción dirigidos a los empleados públicos, este sindicato desea manifestar lo siguiente:

1. La Integridad ya es el ADN del Personal Público.

Queremos recordar al Gobierno de Canarias que los empleados y empleadas públicas no necesitan «descubrir» la integridad ahora. Nuestra labor diaria se rige estrictamente por los Principios de Actuación Administrativa recogidos en el Art. 3 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público:

  • Eficacia y eficiencia en el cumplimiento de objetivos.
  • Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
  • Objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
  • Racionalización y agilidad de los procedimientos.
  • Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.

2. Cumplimiento Estricto del EBEP.

El personal al servicio de la Administración ya cumple escrupulosamente con el código de conducta y los deberes establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). Actuamos con neutralidad, imparcialidad y siempre bajo el principio de legalidad. El compromiso con el interés general no es una opción para nosotros, es nuestra obligación estatutaria y nuestra vocación.

3. El Foco de la Corrupción no está en el Empleado Público.

Observamos con preocupación que el diseño de este nuevo área y su oferta formativa parecen sugerir sibilinamente que la falta de integridad o los riesgos de corrupción residen en el cuerpo técnico de la Administración.

Desde este sindicato rechazamos cualquier narrativa que pretenda criminalizar o poner bajo sospecha al personal público. La ciudadanía sabe que los grandes escándalos de integridad no nacen de la gestión técnica de los funcionarios, sino de las decisiones de las esferas políticas. Resulta un ejercicio de cinismo institucional que se impartan cursos de ética mientras la gestión política se basa cada vez más en la política del «Fet a complí», la de los hechos consumados.

«La integridad institucional no debe ser una herramienta de control sobre el trabajador, sino un compromiso de ejemplaridad que debe empezar, obligatoriamente, por los cargos de libre designación y responsables políticos.»

Apoyamos cualquier mejora en la calidad institucional, pero no permitiremos que se desvíe la atención hacia los trabajadores para ocultar carencias de buen gobierno en otros niveles. Exigimos respeto a la dignidad profesional de quienes garantizan, día a día, el funcionamiento legal y ético de los servicios públicos en Canarias.